Congreso de Puebla avala "Plan B" electoral: Austeridad y paridad en municipios y órganos locales
- Marlene Rojas
- 9 abr
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En una jornada marcada por el debate entre la austeridad y los contrapesos democráticos, el Pleno de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Puebla aprobó el dictamen del denominado “Plan B” electoral. Esta reforma constitucional, que impacta directamente en la estructura de los ayuntamientos y el gasto de los órganos electorales, busca armonizar la legislación local con la visión federal de eficiencia administrativa y justicia social, estableciendo límites estrictos al gasto público en la política.
Uno de los cambios más significativos reside en la reconfiguración de los Ayuntamientos. A partir de esta reforma, los gobiernos municipales estarán integrados por una presidencia, una sindicatura y un máximo de 15 regidurías. Esta reducción de miembros viene acompañada de una obligación constitucional ineludible: la aplicación de los principios de paridad de género vertical y horizontal, garantizando que el acceso y ejercicio del poder municipal se realice bajo una perspectiva de igualdad sustantiva.
En el ámbito legislativo y financiero, la reforma impone un techo presupuestal sin precedentes. Las Constituciones estatales deberán asegurar que el presupuesto anual de los Congresos locales no exceda el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos de cada entidad. Asimismo, se establecen candados a las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales, quienes no podrán percibir salarios superiores al límite del artículo 127 constitucional, quedando estrictamente prohibida la contratación de seguros de gastos médicos mayores, de vida o pensiones privadas con recursos públicos.
El debate en tribuna reflejó las dos visiones que hoy dividen la opinión pública. Diputadas como María Soledad Amieva y Graciela Palomares defendieron el dictamen como un avance hacia una democracia menos costosa y más cercana a la gente. Por el contrario, las legisladoras Susana Riestra y Delfina Pozos advirtieron que estas medidas podrían vulnerar la autonomía de las instituciones y debilitar el sistema de contrapesos. Pese a las objeciones, la mayoría legislativa dio luz verde a esta transformación que redefine el funcionamiento del poder público en Puebla y en el país.
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