En una sesión de la Comisión Permanente marcada por la pluralidad de propuestas, el diputado Elpidio Díaz Escobar puso sobre la mesa una reforma urgente al Código Penal para castigar con 4 a 10 años de prisión el robo y comercialización ilegal de agua potable. Esta iniciativa no solo va contra particulares, sino que aumenta las penas hasta en una mitad para servidores públicos que autoricen o sean omisos ante estas prácticas. En la misma línea hídrica, los legisladores Leonel